Una de las reformas que entrará en vigencia a contar del año 2022, es la atribución del Gobernador Regional de solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más competencias que hoy desarrollan los ministerios y servicios públicos.
El objetivo es fortalecer la gestión de los gobiernos regionales, de modo de hacerlos adecuados a la figura de una autoridad regional electa, encargada de liderarlo. Esto implica necesariamente un proceso de traspaso de mayores competencias y capacidades a las regiones, para que sean éstas quienes lideren los procesos que les son propios, sumando talentos, proyectos, instituciones y recursos.
La norma establece que el Presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales, una o más competencias desde ministerios y servicios públicos, las que podrán ser transferidas de forma temporal o definitiva y exclusivamente en tres materias específicas: ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.
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